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La separación urgente: Estado - Capital Financiero.


El bien común, en sus más diversas acepciones busca establecer una relación energética en términos de recursos capitales, culturales, políticos y ambientales, de tipo horizontal, donde unos o unas ciudadanas no caminen con una ventaja competitiva en ningún momento de sus vidas. Esta abstracción es válida entre personas y/o territorios. La constatación general, es que existe una clara y manifiesta prevalencia de beneficios para algunos territorios y algunos ciudadanos; esta institucionalización de los beneficios diferenciados –injusticia se le llama para no usar tanto eufemismo- ha terminado por concentrar el poder en todas sus formas, en los territorios que son construidos por los grupos que han controlado la propiedad de la materia prima y el comercio. Así, el refrán multi continental “la plata llama a la plata” acuñado en la época de los Médici, en ese mundo de comercio se ha profundizado institucionalmente para asegurar que “el poder llama al poder”. Y aunque la concentración de capital es un asunto estudiado y combatido según sea la posición, desde hace más de una centuria, la forma en la que se ha logrado validar democráticamente la explotación e injusticia parece ser el ángulo que debemos devastar urgentemente.

La secuencia democrática ciudadano – voto – delegación de responsabilidad; supone que el pueblo, en su constitución originaria, delega la capacidad de redactar leyes, administrar el estado y resguardar las instituciones republicanas; a unos y unas representantes que ocupan diversos puestos políticos (concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidenta) con el objetivo de resguardar el bien común. Esa era al menos la idea.

Desde la consolidación del estado de Chile, esta entelequia republicana ha encontrado dos grupos en pugna permanente; esta división dialéctica puede verse en el mal llamado conflicto mapuche, en el proceso de emancipación de la corona española en el SXIX, en los procesos obreros y campesinos del SXX, en la horrorosa dictadura que consolidó los groseros privilegios de la clase dominante, sólo por mencionar algunos. La referida pugna es entonces evidente, y de acuerdo a la inteligencia humana que debe haber sido utilizada en los albores de esta humanidad, se propuso y acepto la figura del estado para que los y las integrantes de este mundo tuviesen la posibilidad de crecer física y espiritualmente con el fruto del trabajo. Lamentablemente, Unos crecieron muchísimo más que otros ¿Cómo sucedió eso? Cuando el estado permitió y aseguró que Unos se apoderaran del trabajo de los Otros. Esta plusvalía permanente que opera acumulando capital en una mínima fracción de la población (10 – 15% de la población chilena) gracias a la diferencia entre el salario y el bien producido. No es extraño entonces el árido debate sobre el sueldo mínimo en esta franja austral de tierra, ya que mientras menor es el salario, mayor será el volumen acumulado por ese diez por ciento de chilenos extra ricos.
¿Dónde está el estado entonces, Cómo debiera ser calificado por la población al atender el desempeño en su función primigenia? Función original que no es otra que la del bien común ¿Se ha asegurado este estado de que el desarrollo sea armónico y justo? Es difícil encontrar ciudadanos que informadamente puedan sostener que nuestro estado se ha mantenido al servicio de la gente, del pueblo en su definición más sustantiva; si así hubiese sido los datos de crecimiento del PIB que los administradores de turno exponen con tantísima pompa estarían evidenciando cierta relación positiva con el salario mínimo o el salario promedio, o la capacidad de comprensión lectora o los índices de desarrollo territorial o aislamiento geográfico. Como sea, nuestro estado devenido en organización subsidiaria, se ha alejado sistemáticamente del mandato emanado de las bases cívicas, imponiendo constituciones que benefician a Unos por sobre Otros, elaborando leyes y reglamentos que concentran cada vez más el poder capital, político, social y cultural, entregando a los mercaderes los bienes estratégicos (agua, energía, minerales) y los servicios fundamentales (educación, salud, vivienda).

La dependencia de este estado, de estos estados proveedores de materia prima y mano de obra masiva, económica y alineada, que conforman el tercer mundo del subdesarrollo, ha condenado a las poblaciones a la pérdida general de la soberanía, poniéndonos muchas veces de rodillas para evitar la “fuga” de capitales de nuestros territorios, motivo por el cual hemos entregado cardúmenes, minerales y bosques, pero sobre todo hemos entregado la fuerza de trabajo de millones de compatriotas, que a pesar de laborar extenuantes jornadas en sus puestos de trabajo y de soportar ciudades construidas desde la más profunda segregación no ven mejorar su calidad de vida. Esta dependencia, soportada en la relación determinante de las élites santiguinas, que reproducen constantemente el modelo nepotista y clasista, sumado a las relaciones de esta élite con los centros de poder financiero donde tejen sus relaciones más funcionales. No podrían entonces atentar contra sí mismas, no podría este estado constituido y pensado por las más tradicionales familias criollas modificar el cauce que ha mantenido por casi doscientos años, concentrando el poder justo allí donde más poder existe.

Se hace imprescindible que el estado actúe y se constituya absolutamente independiente de los poderes financieros y económicos, sean estos capitales nacionales o trasnacionales, estos capitales financieros sin rostro ni propiedad territorial, que actúan conculcándose para asegurar sus privilegios deben ser controlados férreamente con el propósito de evitar el control legislativo y ejecutivo que tradicionalmente han ejercido en esta América morena. De esta manera, la constitución emanada del pueblo cívico constituyente y las leyes emanadas de los poderes del estado, asegurarían que nuestras riquezas naturales aporten los recursos necesarios para que el estado de Chile, p.ej. mantenga y asegure programas de salud, educación y vivienda de calidad. La riqueza está, los trabajadores están, ahora falta que el estado esté a la altura. 

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